17 Jul 2025, Jue 3:00:17 AM

Nuevas conexiones entre Procultura y figuras de la administración Piñera generan preguntas sobre transparencia en gestión pública

En los últimos años, el financiamiento público destinado al sector cultural ha estado bajo escrutinio debido a las redes de relaciones que vinculan a algunos organismos privados con altos cargos del gobierno anterior. Una de estas organizaciones, ProCultura, ha recibido importantes montos de dinero estatal durante el mandato de Sebastián Piñera, lo cual ha generado cierta inquietud en medios especializados y entre actores locales del ámbito cultural.

Según registros oficiales y antecedentes públicos, Emilio De la Cerda, quien se desempeñó como subsecretario del Patrimonio Cultural durante el segundo gobierno de Piñera, fue una figura clave en la asignación de fondos a esta organización. Actualmente, De la Cerda lidera el Directorio de la Corporación Cultural de Ñuñoa, dependiente del actual alcalde Sebastián Sichel, exministro de Desarrollo Social y cercano a círculos políticos de derecha.

Lo llamativo es que De la Cerda no solo trabajó previamente en el Patrimonio Cultural de Chile —una organización privada sin fines de lucro— sino que allí coincidió con Ilonka Csillag, actual presidenta ejecutiva de ProCultura. Esta relación profesional previa plantea dudas sobre posibles vínculos institucionales más amplios entre organismos públicos y entidades privadas que reciben financiamiento estatal.

Además, cabe destacar que el Patrimonio Cultural de Chile contó en su directorio con una socia muy cercana al empresario Alberto Larraín, quien fuera coordinador de campaña de Joaquín Lavín en distintas elecciones municipales y presidenciales. Esta conexión refuerza la idea de un entramado de relaciones que trasciende tanto el ámbito político como el cultural.

Desde que concluyó el gobierno de Piñera, ProCultura ha mantenido un rol activo en múltiples iniciativas culturales y educativas, muchas veces gestionando recursos provenientes de fondos concursables. Sin embargo, expertos en gestión pública han señalado la importancia de revisar estos procesos para garantizar mecanismos claros de selección y evitar conflictos de interés.

Consultada por este medio, la Corporación Cultural de Ñuñoa indicó que “todas las adjudicaciones se realizan bajo criterios técnicos y objetivos”, y destacó la necesidad de mantener estándares de transparencia en colaboraciones público-privadas.

Aunque no se han presentado denuncias formales ni pruebas de irregularidades, el entrecruzamiento de trayectorias entre altos funcionarios, sus redes personales y ciertas organizaciones culturales sigue siendo materia de análisis para quienes buscan entender cómo se distribuye el apoyo estatal al arte y la cultura en Chile.

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