Este lunes, la Segunda Sala de la Corte Suprema tomó una importante decisión sobre el caso de Manuel Monsalve. Tras la apelación presentada por su defensa, el tribunal resolvió modificar su situación de prisión preventiva, vigente desde el 19 de noviembre, cambiándola por un arresto domiciliario total acompañado de restricciones esenciales.
Entre las condiciones impuestas se encuentran la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima e un arraigo nacional. Este cambio ha generado diversas reacciones en el ámbito jurídico y entre la opinión pública, considerando la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el exfuncionario, acusado de abuso sexual y violación por una trabajadora de la Subsecretaría del Interior.
Monsalve, quien pasó sus primeros días en la cárcel de Rancagua antes de ser trasladado al Anexo Capitán Yáber, había visto cómo el Séptimo Juzgado de Garantía rechazaba previamente el cambio de su prisión preventiva. Esta situación llevó a su abogado, Víctor Providel, a interponer un recurso de amparo, que fue declarado inadmisible en la Corte de Apelaciones y finalmente llegó a la Corte Suprema, que decidió a favor de Monsalve en esta ocasión.
El contexto de esta resolución plantea interrogantes acerca del funcionamiento del sistema judicial en casos de alta sensibilidad y la protección de las víctimas, en un escenario donde el arresto domiciliario se presenta como una medida controvertida.