Por larespuestacl 
La reciente decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, de apartar al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la investigación a ProCultura ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político chileno. Esta medida se tomó tras la declaración de ilegalidad de las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, lo que ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y ética en los procesos de investigación judicial.
Entre los casos de mayor destaque se encuentra la controvertida compra de la casa de Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja. Esta operación despertó la atención de la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, que presentó una denuncia en enero de este año, motivando la indagatoria por un supuesto fraude al fisco. Entre los implicados figuran nombres destacados como la exsenadora Isabel Allende, la exministra Maya Fernández y el actual Presidente Gabriel Boric.
Por otro lado, el caso de la ex Clínica Sierra Bella suma otro capítulo polémico. La investigación, que se desarrolla bajo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se originó en conversaciones entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y la diputada Karol Cariola. Estas comunicaciones llevaron al Ministerio Público a examinar un posible delito de “tráfico de influencias” vinculado con la fallida compra de la clínica. Un episodio particular ocurrió el 3 de marzo, cuando, en medio del parto de Cariola, la Policía de Investigaciones ejecutó una orden de allanamiento para incautar su teléfono móvil.
Este escándalo ha generado un requerimiento por parte de diez diputados del Partido Comunista, Partido Socialista y Frente Amplio para remover a Cooper, cuyo futuro depende de la aprobación por cuatro séptimos de los miembros de la Corte Suprema.