La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al aprobar un nuevo proyecto de ley que obliga a las concesionarias de obras públicas viales a implementar medidas de seguridad destinadas a prevenir delitos, en especial las temidas encerronas.
La normativa, que tiene el objetivo de reducir la incidencia de estos crímenes, estipula que las concesionarias deberán adoptar medidas como sistemas de televigilancia que detecten vehículos con patentes alteradas o con órdenes de encargo. La aprobación introduce dos modificaciones clave a la Ley de Concesiones de Obras Públicas: refuerza los deberes de seguridad y exige la instalación de cámaras de seguridad, cámaras térmicas y lectores de patentes, entre otros.
Las especificaciones técnicas de estas medidas se detallarán en las bases de cada licitación, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y su ubicación. Además, se sancionará a las concesionarias en caso de incumplimiento, siguiendo lo establecido en el Artículo 35 de la Ley de Concesiones, lo que implica que deberán responder civilmente por los daños a terceros.
El Ministerio de Obras Públicas ha comenzado a trabajar en la modificación de contratos de concesión para integrar estas nuevas medidas de seguridad, a fin de fortalecer la protección de los usuarios en las carreteras del país.
Además, la nueva ley facilitará la colaboración entre concesionarias y organismos de seguridad, promoviendo el intercambio de información sobre vehículos en circulación. Esto se alinea con la implementación del piloto Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (Sitia), destinado a mejorar las labores de investigación en casos de delitos.
Finalmente, se establece un plazo de cinco años para que el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio del Interior, modifique contratos vigentes que no cuenten con estas medidas. La ministra Jessica López subrayó que la financiación para estas obras provendrá del Estado, sin que ello implique un alza en las tarifas de los usuarios.