El Colegio de Profesoras y Profesores ha dado un paso firme al presentar un requerimiento en la Contraloría General de la República. Su objetivo: que aclare el alcance de los oficios enviados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), donde se solicitó un informe sobre los descuentos aplicados a las remuneraciones de los docentes que participaron en el reciente paro nacional del gremio.
Mario Aguilar, presidente del gremio, destacó que la semana pasada se reunieron con la contralora general, Dorothy Pérez, quien les sugirió formalizar este requerimiento. Aguilar realizó severas críticas a los oficios señalando que “exceden las facultades de la contralora”. Argumentó que en casos de paralizaciones con un plan de recuperación aprobado, no deberían aplicarse descuentos, algo que contradice interpretaciones postas por la contraloría en sus documentos.
El gremio ha cuestionado también la legalidad de aplicar estos oficios retroactivamente, una medida que consideran fuera de lugar. “Es una arbitrariedad que vulnera el derecho a la movilización”, apuntó Aguilar, quien además resaltó que gracias a esta movilización de 48 horas, el gobierno ha tenido que dar respuestas que de otra forma no habrían surgido.
Aguilar cerró su intervención reafirmando el derecho de los trabajadores a luchar por mejoras en el ámbito educativo, subrayando que esta lucha es crucial para el avance y cambios necesarios en el sistema educativo chileno.