Por larespuestacl 
En un giro inesperado, la fiscalía de Chile ha profundizado en la investigación que rodea a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue destituida en un escándalo que ha sacudido el sistema judicial del país. Desde octubre de 2024, Vivanco ha estado bajo la lupa por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, vinculados a su papel en fallos que beneficiaron al consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec (CBM) en su litigio contra Codelco.
Los planteamientos más recientes de la indagación han llevado a la fiscalía a abrir una nueva línea de investigación por lavado de activos. Tras un exhaustivo análisis de cuentas bancarias, se ha revelado la existencia de pagos sospechosos que podrían indicar un esquema de triangulación de dinero a cercanos de Vivanco.
La exministra, quien se defendió de las acusaciones, ha reiterado su inocencia. A pesar de su negativa a volver a explicar sus decisiones en el caso de CBM, datos revelados por Mega Investiga sugieren que su voto fue crucial en cada victoria del consorcio ante la corte, llevando a Codelco a desembolsar alrededor de $17,1 mil millones.
La historia comienza en febrero de 2023, cuando Codelco terminó un contrato con CBM, lo que desató una serie de litigios. Las decisiones tomadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema, que incluían a Vivanco, siempre parecían favorecer a CBM, y cada vez que el consorcio obtiene un fallo positivo, su voto fue determinante.
A medida que el caso avanza, la investigación continúa sumando elementos que han mantenido la atención pública. Se espera que los próximos meses revele más sobre la compleja relación entre el poder judicial y los intereses comerciales en Chile.