Por larespuestacl 
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario regresa con fuerzas tras el anuncio del Gobierno de incluir esta iniciativa en el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó la importancia de contar con un mecanismo eficaz para investigar el crimen organizado, apuntando que este es el foco de dicha propuesta.
A pesar del empuje gubernamental, algunos parlamentarios oficialistas muestran pesimismo ante la posibilidad de aprobación, dado que este tema ya fue rechazado anteriormente por el Senado. El profesor Matías Garretón, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, subraya que el levantamiento del secreto bancario es crucial para mejorar la persecución de rutas financieras ilícitas.
Garretón describe el proceso actual como engorroso, donde los informes de las operaciones sospechosas pueden tardar meses en llegar a la Corte de Apelaciones. A lo largo de este tiempo, la pista a seguir puede perderse y, con ello, la oportunidad de rastrear el dinero en manos criminales. El académico señala que el sistema actual favorece a los delincuentes, quienes tienen tiempo para ocultar los fondos.
Una de las principales dificultades radica en el hecho de que el banco actúa como límite en el acceso a la información. Garretón expone que un mecanismo automático sería ideal, permitiendo acceso inmediato tras la detección de transacciones sospechosas, a diferencia de la burocracia actual que retrasa investigaciones vitales.
Ante los argumentos de defensa de la privacidad, el experto responde categóricamente que son falaces y carecen de fundamento. Resalta que la mayoría de la población chilena no se verá afectada, mientras que los que se oponen a esta medida suelen tener intereses oscuros.
Garretón también criticó la falta de acción legislativa, resaltando que otras seis leyes han dejado de lado la posibilidad de investigar a fondo la actividad criminal. Señala que la economía criminal en Chile representa hasta un 4% del PIB, lo cual es alarmante cuando se considera el impacto en la seguridad pública.