La Corte Suprema de Chile ha hecho sonar alarmas con su reciente informe sobre el uso de licencias médicas entre sus funcionarios. Un informe que revela que varios de estos trabajadores habrían abandonado el país mientras se encontraban en reposo médico. Este hecho ha generado indignación y preocupación sobre la ética y el funcionamiento del Poder Judicial en el país.
La magistratura se encuentra actualmente bajo un intenso escrutinio, especialmente en el contexto de las licencias médicas fraudulentas que han aflorado en el sector público. La Contraloría, por su parte, ha identificado a 3.500 funcionarios implicados en casos de este tipo, lo que coloca nuevamente en la mira a aquellos que deberían ser custodios de la ley.
El pleno del máximo tribunal ha manifestado su firme intención de tomar acción frente a estas irregularidades, siendo fundamental la transparencia y la justicia. Las licencias médicas deben ser una herramienta para proteger la salud de los trabajadores, no un resquicio para evadir responsabilidades laborales o, peor, disfrutar de una escapada vacacional bajo falso pretexto.
A medida que avance la investigación, los magistrados tendrán la tarea no solo de identificar a los implicados, sino de restablecer la confianza en un sistema que se ha visto amenazado por la corrupción. La sociedad chilena exige justicia y, sobre todo, una administración pública que actúe con responsabilidad y ética.