Por larespuestacl 
El pasado 1 de junio, en su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric sorprendió a muchos al anunciar que había dado instrucciones al Ministerio de Justicia para modificar el decreto que creó el penal de Punta Peuco, buscando cambiar su estatus de penal especial a un establecimiento común. Este movimiento ha generado una serie de reacciones, tanto en los sectores políticos como en la sociedad civil.
El Ejecutivo ha solicitado a Gendarmería que elabore un informe técnico, necesario para formalizar la modificación a través de un decreto. En un reciente anuncio, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó que “este decreto ha ingresado a la Contraloría General de la República y estamos en pleno proceso de tramitación”. Este paso es crucial, dado que cualquier modificación de los establecimientos penitenciarios debe hacerse mediante un decreto supremo, siguiendo la normativa establecida.
Gajardo explicó que el único paso pendiente es la toma de razón por parte de la Contraloría, lo que sugiere que la modificación podría concretarse dentro de un periodo de ocho meses. Esto plantea la pregunta: ¿Logrará el gobierno llevar a cabo este cambio antes de finalizar su mandato? La presión y el escrutinio público acerca de esta acción pueden influir en el proceso.
El futuro de Punta Peuco no solo es una cuestión administrativa, sino que también representa un desafío político y ético significativo para la administración Boric, que busca un cambio en el enfoque del sistema penitenciario. Este sería un paso importante hacia la igualdad ante la ley, aunque algunas voces críticas todavía desconfían de la efectividad de la medida.