La corrupción no hace distinciones y en el caso de Carabineros de Porvenir, se manifiesta de manera alarmante. Desde sobornos hasta cajas de salmón, la podredumbre interna de esta institución está expuesta tras la formalización de cuatro funcionarios por múltiples delitos.
En diciembre de 2024, el Juzgado de Garantía de Porvenir dio a conocer la implicación de Carlos Maureira, Rodolfo Novoa, Ariel Muñoz y Luis Rojas en un entramado de corrupción que incluye cohecho agravado, asociación criminal y tráfico de influencias. La fiscal Johanna Irribarra describió un modus operandi que se asemeja más a un cartel que a una fuerza de orden.
El escándalo se intensifica con el caso de pases liberados para la empresa Transbordadora Tabsa, donde funcionarios de Carabineros recibieron sobornos a cambio de “inmunidad” en controles policiales. Los montos, que superan los dos millones de pesos en total, demuestran una estructura clientelar que desdibuja el sentido de justicia.
Más allá de los sobornos, el mayor Maureira hizo uso de su puesto para obtener cajas de salmón a precios rebajados, mientras que Novoa fue sorprendido con municiones ilegales. Estas acciones evidencian una pérdida total de legitimidad en la función que deberían cumplir.
A medida que avanza la investigación, figuras como Pablo Hormazábal Quezada, un excomisario, serán formalizadas por cohecho, aun cuando estaba en carrera hacia ascensos. Esto subraya la peligrosa normalización de la corrupción dentro de la institución.
El Consejo de Defensa del Estado también ha tomado cartas en el asunto, presentando querellas contra los involucrados, mientras que el futuro de Carabineros de Porvenir pende de un hilo. La pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos más son necesarios para desmantelar este sistema familiarizado con el abuso? La línea entre la ley y la tiranía se vuelve cada vez más difusa.