Por larespuestacl 
El Poder Judicial de Chile impuso una sentencia de 11 años de prisión al suboficial de Carabineros, Luis Antonio Castillo Fernández, tras golpear brutalmente en la cabeza a Aalondra, una niña de 14 años, durante las manifestaciones de noviembre de 2019. A pesar de que Aalondra no estaba involucrada en las protestas, la agresión le ocasionó ceguera total en un ojo y pérdida parcial en el otro, un hecho que transformó su vida por completo.
Después del ataque, su salud física y emocional sufrió un profundo deterioro. Aalondra ha enfrentado intentos de suicidio y episodios de bullying en la escuela, además de lidiar con el daño psicológico y la discapacidad visual permanente resultante de la brutalidad policial.
La condena a Castillo Fernández representa una de las sanciones más severas impuestas a un agente policial en el contexto del estallido social, donde se registraron miles de heridos, la mayoría jóvenes. Organizaciones de derechos humanos han documentado un preocupante patrón de abusos durante este periodo, que tuvo lugar bajo la presidencia de Sebastián Piñera.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha registrado innumerables denuncias, revelando casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica, quien sufrió daño irreversible en su visión debido a disparos de perdigones. La decisión judicial contra Castillo Fernández es considerada un avance frente a la impunidad, aunque muchos juristas opinan que es insuficiente para abordar la magnitud de los crímenes ocurridos.
El tribunal enfatizó la gravedad de un ataque injustificado contra una menor de edad, destacando que Aalondra no estaba participando en la protesta. Esta sentencia se suma a un reducido número de condenas dirigidas a miembros de Carabineros, lo que subraya la urgencia de implementar reformas en las fuerzas policiales y establecer mecanismos de reparación para las victimas.
A pesar de este fallo que representa un paso hacia la justicia, la deuda con las muchas víctimas de la represión estatal sigue pendiente. Para estas personas, la sentencia también simboliza un reclamo para que Chile evite repetir políticas de violencia estatal dirigidas a quienes ejercen su derecho a manifestarse.