La mañana de este miércoles se llevó a cabo un impactante allanamiento en el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de San Borja. Este operativo, realizado por representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, busca obtener documentos relevantes para una investigación distinta al caso de ‘Los Waykis en la sombra’, que continúa su curso.
El allanamiento fue dirigido por el fiscal adjunto provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Raúl Guerrero Quispe, y se llevó a cabo sin incidentes. Este procedimiento también abarca otras 14 ubicaciones, incluyendo un punto estratégico en Ayacucho.
Uno de los puntos más controversiales del operativo es la alusión al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es mencionado como líder de un presunto grupo delictivo. Este grupo estaría compuesto por personas de confianza del ministro y servidores públicos, quienes habrían coordinado acciones ilícitas en la administración pública.
De acuerdo con la Fiscalía, Santiváñez habría creado una organización estructurada que comete delitos como colusión y cohecho, buscando así beneficios económicos. Además, Nicanor Boluarte ha sido vinculado al caso tras la acusación de un conflicto de intereses, que incluye su relación con el ministro durante operativos en favor de la minera ‘El Dorado’.
La defensa de Nicanor Boluarte ha negado categóricamente cualquier vínculo con ilícitos de este tipo, argumentando que su cliente está colaborando plenamente en el allanamiento. Sin embargo, este no es el primer revés legal para Nicanor Boluarte, quien ya ha enfrentado investigaciones por organización criminal en el pasado.
La dirección de esta indagación se enmarca en un contexto de creciente presión sobre la administración de Dina Boluarte, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en el gobierno.