Por larespuestacl 
Marcelo Medina, excontador de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, se ha convertido en el primer condenado en el escándalo del caso Factop. La condena se emitió el pasado viernes después de una audiencia de procedimiento abreviado donde el implicado llegó a un acuerdo con la Fiscalía.
Medina admitió su culpa en delitos de lavado de activos, soborno, delitos tributarios y violación a la Ley de Mercado de Valores. Como parte del pacto, recibió una pena que no supera los cinco años, la cual podrá cumplir bajo el régimen de libertad vigilada intensiva. Además, se le redujeron algunas de las multas que deberá abonar como parte de su sanción.
La abogada defensora de Medina, Susana Borzutzky, expresó su conformidad con el resultado, afirmando que “la estrategia se cumplió” y que la sentencia es un mensaje sobre la importancia de la verdad, el arrepentimiento y la colaboración con los procesos judiciales, lo que ayuda a economizar recursos en las investigaciones.
En otras noticias relacionadas, surgieron novedades sobre el controversial encuentro que el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en 2023. Aunque Valencia alegó que el objetivo era limar asperezas tras denuncias en su contra, al final del encuentro, Hermosilla solicitó evaluar un procedimiento abreviado para el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, petición que fue rotundamente rechazada por Valencia.
A pesar de la negativa, dos diputados comunistas, incluido Luis Cuéllar, presentaron una denuncia para investigar si esta reunión requería registro bajo la Ley de Lobby. Aunque esta denuncia fue desestimada por el fiscal nacional subrogante Héctor Barros, los diputados apelaron ante la Corte Suprema, que finalmente ordenó a la Fiscalía investigar el asunto, calificando la negativa como un “acto ilegal y arbitrario”. Cuéllar valoró el fallo, indicando que se abre un camino hacia la verdad respecto a lo que se discutió durante aquel café controversial.
Finalmente, en otro giro de la trama, la Corte Suprema ha autorizado la querella contra el suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien es investigado por la presunta filtración de información reservada a Hermosilla. Con esta decisión, la Fiscalía Regional de Los Lagos podrá formalizar cargos en su contra, abriendo una nueva arista penal que se suma a la investigación administrativa ya vigente.