OPINIÓN: El caso de Bernarda Vera y la complejidad de las desapariciones forzadas

Comité editorial La Respuesta

El reciente descubrimiento de que Bernarda Rosalba Vera Contardo, considerada una detenida desaparecida de la dictadura militar chilena, podría estar viva en Argentina, ha generado un intenso debate público. Sin embargo, este caso no implica irregularidades ni contradicciones en los registros históricos, sino que refleja la complejidad de las desapariciones forzadas y la dificultad de las familias para conocer el destino de sus seres queridos. Bernarda Vera, profesora normalista y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue vista por última vez el 10 de octubre de 1973 en Trafún, Región de Los Ríos, y clasificada como detenida desaparecida en el Informe Rettig (1991). Su caso, subraya que una persona en esta categoría no necesariamente está muerta y que las familias enfrentaron un vacío informativo insuperable durante décadas.

Bernarda, de 27 años en 1973, era una activa organizadora campesina en Panguipulli, trabajando en el Complejo Maderero y en el Movimiento Campesino Revolucionario. Según el Informe Rettig, fue detenida por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile en un contexto de persecución sistemática contra opositores al régimen de Augusto Pinochet. La falta de registros oficiales sobre su destino, sumada a testimonios que la ubicaban en operativos militares, llevó a clasificarla como detenida desaparecida, un término que no implica certeza de muerte, sino la ausencia de información tras una detención forzada. En el contexto de la dictadura, el Estado chileno ocultó deliberadamente el paradero de miles de personas, dejando a las familias en la incertidumbre.

La reciente investigación de CHV Noticias (29 de septiembre de 2025) revela que Bernarda habría escapado de la persecución cruzando la cordillera hacia Argentina con un grupo del MIR, liderado por un internacionalista sueco. Posteriormente, obtuvo residencia en Suecia en 1978 y regresó a Argentina en 1999. Este hallazgo, verificado por el Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia, no cuestiona la validez del Informe Rettig ni sugiere irregularidades en los registros. Por el contrario, confirma la naturaleza opaca de las desapariciones forzadas: las víctimas, para sobrevivir, a menudo debían huir clandestinamente, cortar contacto con sus familias y adoptar nuevas identidades. Bernarda, al escapar, no tuvo medios seguros para comunicarse con sus seres queridos en Chile, donde la represión era feroz.

La familia de Bernarda, como muchas otras, no tenía forma de saber su paradero. Durante la dictadura, las autoridades negaban las detenciones o proporcionaban información falsa, mientras el miedo a represalias impedía a sobrevivientes en el exilio contactar a sus cercanos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Valdivia, liderada por figuras como Ida Sepúlveda, buscó incansablemente respuestas, pero la falta de cooperación estatal y el aislamiento de las víctimas en el extranjero hicieron imposible obtener pistas. La clasificación de Bernarda como detenida desaparecida se basó en la información disponible en 1991, cuando no existían antecedentes de su supervivencia. Esto no representa un error, sino un reflejo de las limitaciones impuestas por el régimen.

El caso de Bernarda también resalta que las desapariciones forzadas no siempre terminan en ejecución. Algunas víctimas lograron escapar, pero la clandestinidad y el exilio perpetuaron su “desaparición” desde la perspectiva de sus familias y la sociedad chilena. El Plan Nacional de Búsqueda, al identificar a Bernarda, demuestra la importancia de seguir investigando sin asumir que todos los casos culminaron en muerte. No hay evidencia de manipulación o encubrimiento en su inclusión en el Informe Rettig; más bien, su caso evidencia la brutalidad de un sistema que fragmentó familias y borró rastros.

Este hallazgo no disminuye la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Chile ni deslegitima la lucha de las familias. Por el contrario, reafirma la necesidad de verdad y justicia. Bernarda Vera, hoy de 79 años, es un símbolo de resistencia, y su historia subraya que la memoria histórica debe abordarse con rigor y empatía, reconociendo que la incertidumbre fue, y sigue siendo, parte del dolor de miles. Su caso, lejos de ser irregular, es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad no ha terminado.