Por larespuestacl 
Santiago, 1 de Octubre de 2025 — Una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI), examina la posible participación de un concejal en ejercicio de la comuna de San Joaquín en una serie de conductas que, de ser acreditadas, podrían constituir delitos de violación a la privacidad de las comunicaciones, fraude informático, hostigamiento digital y posible coacción mediante la difusión de imágenes personales.
El caso se originó tras una denuncia presentada en abril de 2025 por el alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, quien afirmó haber recibido, el 31 de marzo, un correo electrónico con fotografías de su vida personal tomadas sin su consentimiento en un lugar público. Según relató ante la Fiscalía, dichas imágenes no solo fueron enviadas a su correo personal, sino que también se distribuyeron a direcciones institucionales de la municipalidad y de corporaciones municipales, lo que generó sospechas de un intento de presión o extorsión.
En su declaración, Labra señaló que las mismas cuentas asociadas a este correo habrían participado en una campaña sistemática de desprestigio en su contra y en contra de funcionarios cercanos, incluyendo a familiares, mediante la difusión de información falsa y ataques coordinados en redes sociales y correos electrónicos. Incluso denunció un segundo mensaje, enviado semanas después, con acusaciones infundadas contra otro funcionario municipal.
La investigación, que se enmarca en los delitos tipificados en los artículos 161 A y 161 B del Código Penal —relacionados con la intercepción, grabación o difusión no autorizada de comunicaciones privadas—, además contempla figuras como fraude informático y coacciones. Estas conductas, de ser acreditadas, podrían acarrear penas que van desde 541 días hasta cinco años de presidio.
De acuerdo con antecedentes públicos, en agosto del presente, funcionarios de la PDI realizaron una diligencia de allanamiento en dependencias municipales para recabar evidencia digital. La Fiscalía, a su vez, habría solicitado información a proveedores de servicios de internet y plataformas digitales para rastrear el origen de las comunicaciones denunciadas.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, las pericias técnicas realizadas en el marco de la investigación habrían permitido vincular una dirección IP utilizada para operar el correo desde el que se enviaron las imágenes con una conexión asociada a una persona que, según registros públicos, se desempeña como concejal en la comuna de San Joaquín Eduardo Villalobos, militante del Partido Socialista. No obstante, hasta la fecha no existe imputación formal, y la investigación se mantiene en etapa de indagatoria.
Los abogados del alcalde Labra han anunciado que ampliarán la denuncia en base a los antecedentes recabados, señalando que detrás de las cuentas falsas podría existir una red de al menos seis personas dedicadas a campañas de desprestigio contra autoridades locales y sus entornos.
Este episodio reabre el debate sobre la ética en la gestión pública y pone en evidencia los riesgos del uso de mecanismos digitales opacos para influir en la opinión ciudadana. El caso recuerda, en ciertos aspectos, al escándalo conocido como “Patito Verde”, un reportaje de alto impacto que expuso una red de cuentas falsas operadas presuntamente por una figura vinculada a Canal 13 , destinadas a atacar adversarios politicos en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, las sospechas apuntan a una autoridad municipal (Concejal) , lo que subraya que estas prácticas —de comprobarse— no responden a colores políticos, sino a una cultura de impunidad digital que afecta la confianza en las instituciones locales.
Este medio respeta el principio de presunción de inocencia y aclara que toda la información aquí presentada se formula en términos condicionales, mientras la investigación se encuentra en curso y no existan resoluciones judiciales firmes al respecto.