Por larespuestacl 
El reciente hallazgo de Bernarda Vera, una de las detenidas desaparecidas durante la dictadura chilena, quien fue localizada con vida en Argentina, ha desatado un torbellino político en el país. Este evento pistolea las alarmas en el gobierno, en medio de acusaciones de un posible fraude por entrega de beneficios a los familiares de estas víctimas.
Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, han solicitado a la Contraloría investigar este asunto, lo que ha desencadenado una serie de reacciones. Este viernes, el Partido Nacional Libertario presentó una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y Paulina Zamorano, Jefa del Programa de Derechos Humanos.
Frente a estas acusaciones, Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se mostró indignado, declarando que es inaceptable que “sea el abogado de los criminales condenados quien esté denunciando”. Gajardo subrayó que esta situación refleja una inversión de los roles, donde quienes han buscado justicia son denunciados por aquellos que han obstaculizado la revelación de la verdad en uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chile.
Además, se refirió al caso de Luis Pino Soto, un joven de 14 años que también fue detenido desaparecido, cuyos familiares no han recibido compensación estatal. Contrario a lo que muchos podrían esperar, Gajardo advirtió que los denunciantes parecen más interesados en defender a los criminales que en buscar justicia para las víctimas.
Por su parte, Camila Vallejo, ministra de Segegob, criticó a Maximiliano Murath, el abogado que ha presentado la querella, instándolo a más bien contribuir a la búsqueda de los desaparecidos en lugar de obstaculizar la labor del Estado. Vallejo enfatizó la importancia de que el Gobierno se involucre activamente en la búsqueda de los desaparecidos, una tarea que ha recaído tradicionalmente en los familiares.
Este escándalo político, centrado en el caso de Bernarda Vera, parece revelar una lucha en la que convergen la búsqueda de verdad, la memoria histórica y las tensiones actuales entre defensa de derechos humanos y el negacionismo.