Por larespuestacl 
El reciente veredicto para los líderes de bandas de crimen organizado en Chile ha desatado la indignación en las filas de Gendarmería, tras recibir penas que muchos califican como ridículas. A pesar de los destrozos causados en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) durante un motín que duró 11 días y que dejó daños estimados en más de 200 millones de pesos, los condenados cumplieron con penas de, a lo sumo, 103 días.
El proceso comenzó en junio de 2024, después de que estos individuos amenazaran violentamente a los gendarmes y se resistieran a las intervenciones de la fuerza pública. La Fiscalía Metropolitana, luego de evidenciar la violencia perpetrada, había invocado la Ley de Seguridad del Estado, que contempla penas significativamente más severas. Sin embargo, sólo 25 de los 32 formalizados fueron condenados, y la mayoría recibió sentencias que parecen desproporcionadas en relación a la gravedad de sus crímenes.
El líder del Tren de Aragua, Hernán Landaeta Garlotti, más conocido como “Satanás”, fue condenado a un total de 103 días, lejos de los 67 años que le impondrían por otros delitos en Iquique. La percepción de impunidad parece estar generalizada, y algunos gendarmes ya han expresado su preocupación por el mensaje que esta laxitud judicial envía a los criminales, sugiriendo que pueden actuar con total libertad sin temer consecuencias severas.
La reacción del público ha sido de escepticismo y desazón, dado que la falta de sanciones significativas para los actos de violencia sólo podría incentivar más caos en los recintos penitenciarios. La comunidad espera acciones más firmes por parte del sistema judicial para contrarrestar estos episodios de delincuencia organizada.