Los últimos días han sido tumultuosos para la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien enfrenta crecientes presiones para renunciar, luego de que se revelara la responsabilidad del Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) en la liberación condicional de Mauricio Ortega, condenando a 18 años por agredir a Nabila Rifo.
La controvertida decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que otorgó la libertad a Ortega tras evaluar su “conducta intachable” y bajo compromiso delictual. Este fallo, respaldado por una aprobación oficial, desató la indignación no solo de medios de comunicación, sino también de diputados de la oposición que consideran que Orellana ha “fallado a las mujeres que dice representar”.
Orellana ha defendido el proceder de su ministerio, alegando que, aunque SernamEG debió notificar adecuadamente a Rifo de la petición de libertad condicional, la “culpa” no recae únicamente en su gestión. Sin embargo, en un giro inesperado, se conoció que Beatriz Ramírez, abogada del SernamEG y representante de Rifo, fue destituida, lo que ha puesto en entredicho la eficiencia del servicio en la defensa de las víctimas.
Los llamados a la renuncia han sido contundentes. Diputad@s del Partido Republicano, como la diputada Sofía Cid, han señalado que ha sido “demasiados los casos” de fallas por parte de la ministra y han buscado consolidar iniciativas que impidan la libertad condicional a delincuentes peligrosos. Otros, como Catalina del Real, han manifestado que esta situación evidencia un “fracaso sistemático del Estado” en la protección de las mujeres.
La presión política se intensifica, con una carta enviada al Presidente Gabriel Boric solicitando la destitución de Orellana para restaurar la confianza pública hacia instituciones que deben ser ejemplo de compromiso con la equidad de género en Chile.