En el reciente Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), la jefa de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, destacó la complicada situación presupuestaria que enfrenta su institución. En su intervención, Pérez presentó un gráfico que ilustra la variación del presupuesto de la Contraloría en relación con el crecimiento del aparato público, resaltando que mientras las necesidades del Estado aumentan, el financiamiento para la Contraloría ha disminuido.
“Crece y crece porque crece el país, porque crecen las necesidades que hay que atender a través de la función pública, pero el presupuesto de la Contraloría está en la otra línea”, subrayó. Sin embargo, no se trató de un llamado directo a la acción; Pérez enfatizó que no venía a solicitar más recursos, sino a exponer un “tema evidente”: la dificultad que enfrentan los gobiernos para otorgar mayores presupuestos a las entidades que son responsables de fiscalizarlos.
“Es difícil que cualquier gobierno, de cualquier época, pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar”, comentó. Esta afirmación plantea un interrogante sobre la sostenibilidad y el futuro de la fiscalización en un entorno donde las demandas públicas parecen aumentar sin corresponder al apoyo financiero necesario.
Consciente de estos desafíos, la Contraloría ha optado por destinar más recursos a la tecnología y redistribuir mejor al personal. Según Pérez, esto les permite rendir de forma más eficiente, concentrando los esfuerzos en la línea de trabajo de control y gestión, en lugar de en la logística interna.