Por larespuestacl 
Comité editorial La Respuesta
La desaparición de Julia Chuñil Catricura, líder mapuche de 73 años y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos, ha expuesto tensiones profundas en el sistema judicial chileno y el rol de los medios de comunicación. Chuñil, una defensora del bosque nativo frente a la explotación forestal, permanece desaparecida, y las críticas a la Fiscalía Regional de Los Ríos por un aparente sesgo en favor del empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, junto con la moderación de medios de centro y derecha para reducir su exposición, han generado un debate sobre la justicia en casos que involucran conflictos territoriales y activismo indígena. Chuñil enfrentaba desde 2015 al empresario agroforestal Morstadt, dueño del fundo “La Fritz”, donde ella resistía la tala de 900 hectáreas de bosque nativo. En septiembre de 2025, una interceptación telefónica autorizada reveló que Morstadt dijo “la quemaron” en conversaciones con su padre y otra persona, según un oficio del fiscal Jaime Calfil filtrado accidentalmente en el portal de Fiscalía en Línea. La abogada de la familia, Karina Riquelme, denuncia que esta evidencia, que sugiere conocimiento del destino de Chuñil, ha sido ignorada por la fiscal Tatiana Esquivel, quien en cambio ha enfocado la investigación en los hijos de la líder, basándose en manchas de sangre en su vivienda y una venta de terreno por $8 millones antes de la denuncia. La familia califica estas pistas como un “montaje” para desviar la atención de Morstadt. La Fiscalía ha investigado la filtración del audio como delito, bloqueado el acceso de la querella a la carpeta investigativa y mantenido a Morstadt como imputado sin formalización, lo que ha intensificado las acusaciones de sesgo.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señalan un posible encubrimiento, recordando el historial de Morstadt de hostigamiento a comunidades mapuches, documentado desde 2011 en disputas con CONADI. La recusación contra Esquivel por “sesgo ideológico” fue rechazada, y el fiscal nacional Ángel Valencia calificó la filtración como “parcial y sesgada”, sin aclarar el contexto del audio, lo que refuerza la percepción de opacidad. Medios de comunicación de centro y derecha, como La Tercera y T13, han adoptado un enfoque que modera la tensión sobre Morstadt. Sus coberturas destacan la “complejidad” de la investigación y la “autonomía” del Ministerio Público, amplificando pistas contra la familia, como contradicciones en testimonios o supuestas quemas de ropa por los hijos. La narrativa de Morstadt, respaldada por su abogada Carole Montory, quien lo presenta como víctima de “indefensión” y acusa a la familia de usurpación, recibe eco en estos medios. En contraste, medios de comunicación de izquierda, enfatizan el contexto de Chuñil como defensora ambiental en una región peligrosa para activistas y critican la inacción frente a las amenazas previas que ella recibió. El Gobierno de Gabriel Boric ha exigido “toda la verdad”, pero la contradicción de Esquivel al negar el activismo de Chuñil, pese a su rol en Putreguel, ha generado desconfianza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con medidas cautelares emitidas en julio de 2025, urge al Estado chileno a garantizar una investigación imparcial. La demora en formalizar cargos y el enfoque en líneas alternativas sugieren, para la familia y sus aliados, un intento de diluir la responsabilidad de Morstadt, en un contexto donde los intereses forestales tienen peso económico y político. El caso Chuñil refleja desafíos estructurales en la justicia chilena, especialmente en conflictos que involucran a comunidades indígenas y empresarios influyentes. Las protestas programadas para el 8 de noviembre de 2025 y las audiencias en la Corte de Apelaciones de Valdivia serán cruciales para evaluar si la investigación supera las acusaciones de sesgo y responde a las demandas de justicia.