Por larespuestacl 
Comité editorial La Respuesta
En octubre de 2025, Ecuador, Argentina y Perú enfrentan oleadas de protestas que reflejan un malestar social profundo, impulsado por políticas de austeridad económica, inseguridad y respuestas gubernamentales represivas. Aunque los gobiernos de Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y el Congreso conservador que destituyó a Dina Boluarte (Perú) se identifican con la derecha o centro-derecha, las manifestaciones no son un rechazo exclusivo a su ideología, sino una reacción a medidas que han agravado la desigualdad y el descontento en sociedades ya polarizadas por políticas centradas en el crecimiento de los sectores empresariales a costa de la población. Estas movilizaciones subrayan las consecuencias de priorizar el ajuste fiscal sobre las necesidades de los sectores más vulnerables, en un contexto regional marcado por desafíos estructurales. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) lidera un paro nacional que lleva semanas, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos en la sierra norte. El detonante fue la eliminación de subsidios al diésel por parte de Noboa, una medida que busca ahorrar recursos para estabilizar la economía, pero que ha encarecido los costos de vida para transportistas, agricultores y comunidades indígenas. La inseguridad, alimentada por el narcotráfico y la minería ilegal, agrava la situación, mientras Amnistía Internacional denuncia el uso excesivo de la fuerza policial y detenciones arbitrarias. La falta de diálogo con los manifestantes, reemplazada por estados de emergencia, ha intensificado las tensiones, evidenciando una desconexión entre el gobierno y las demandas populares. En Argentina, las políticas de ajuste de Javier Milei han desatado protestas de estudiantes, jubilados y agricultores. La devaluación del peso, recortes a pensiones y vetos a leyes que buscaban proteger el poder adquisitivo han disparado la pobreza, que supera el 50% según estimaciones recientes. Aunque la inflación ha disminuido, el impacto de las medidas neoliberales, diseñadas para atraer inversión extranjera, ha recaído desproporcionadamente en los sectores populares. Las marchas en Buenos Aires, incluyendo “tractorazos” del sector rural, han enfrentado represión policial, lo que ha generado críticas por el manejo autoritario de la disidencia. Este escenario refleja una contradicción: un gobierno que promete libertad económica, pero restringe derechos sociales y laborales.
En Perú, las protestas lideradas por la Generación Z han escalado tras la destitución de Dina Boluarte por un Congreso dominado por fuerzas conservadoras. La inseguridad, impulsada por el crimen organizado, junto con la corrupción sistémica y los bajos salarios, ha llevado a los jóvenes a exigir reformas estructurales. Un paro de transporte el 2 de octubre y choques que dejaron al menos un muerto y decenas de heridos muestran la magnitud de la crisis. La elección de un nuevo presidente interino no ha calmado las demandas de un sistema político que los manifestantes consideran “podrido”. La represión policial y la falta de soluciones concretas perpetúan un ciclo de inestabilidad en un país que ha tenido múltiples presidentes en una década. Estas protestas comparten un hilo conductor: las políticas neoliberales, promovidas por gobiernos de derecha, han priorizado la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar social. En un contexto de pospandemia, con inflación global y deuda alta, medidas como la eliminación de subsidios, recortes al gasto público y desregulación han profundizado la desigualdad, que en América Latina es la más alta del mundo. Estas movilizaciones evidencian la necesidad de políticas inclusivas que prioricen la redistribución, la seguridad ciudadana y el diálogo con sectores históricamente marginados, como indígenas y jóvenes. Sin embargo, la represión estatal y la falta de canales de negociación sugieren que la región podría enfrentar más inestabilidad si no se abordan las causas estructurales. Las elecciones en Ecuador en 2025 y el creciente activismo juvenil en Perú serán clave para medir si estas demandas logran traducirse en cambios concretos.