Por larespuestacl 
Comité editorial La Respuesta
El anuncio del plan de paz de Donald Trump para Gaza, mediado por Estados Unidos a finales de septiembre de 2025, representa un intento de congelar una guerra que ha durado dos años y cobrado decenas de miles de vidas. Tras intensas negociaciones, Israel y Hamás aceptaron un alto al fuego inicial, pero el documento de 20 puntos revela profundas fisuras estructurales. Este plan ofrece un respiro humanitario necesario, pero pospone las raíces del conflicto: la ocupación israelí y la negación sistemática de un estado palestino viable. Analicemos sus componentes y limitaciones con objetividad, basándonos en los hechos disponibles, para entender por qué este esquema está destinado a un probable fracaso.
Los componentes del plan: Etapas definidas, pero condicionales
El plan se estructura en fases progresivas, comenzando con medidas inmediatas para aliviar el sufrimiento en Gaza, donde se confirmó la hambruna en agosto de 2025. La fase inicial, aceptada por ambas partes, se centra en un cese temporal de hostilidades. Incluye un retiro gradual de las fuerzas israelíes hasta la “línea amarilla” —una demarcación dentro de Gaza que deja amplias zonas bajo control militar israelí—, un intercambio de rehenes y prisioneros, y el flujo irrestricto de ayuda humanitaria. Además, prevé el regreso de palestinos desplazados, una medida crucial ante los 1.9 millones de personas afectadas por el éxodo forzado. La fase de transición es más ambigua y excluye explícitamente a Hamás de cualquier rol futuro en la gobernanza, un punto respaldado por Trump, Netanyahu y líderes occidentales y árabes. Se propone un Grupo de Trabajo Internacional de Estabilización, con participación de EE.UU., Egipto, Qatar, Turquía, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, para supervisar el alto al fuego, capacitar a la policía palestina y coordinar la ayuda. Este grupo operaría mayoritariamente fuera de Gaza, facilitando la transición de seguridad a fuerzas locales. Complementariamente, un comité tecnocrático asumiría la administración diaria: gestión de servicios públicos, reconstrucción y distribución de ayuda, compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales. Este operaría bajo la Junta de la Paz, presidida por Trump y con figuras como Tony Blair, que dirigiría la financiación y la reurbanización. El objetivo final es el retorno de la Autoridad Palestina (AP) a Gaza, tras reformas internas, abriendo una “vía” hacia el autogobierno palestino y un estado, aunque sin cronograma ni detalles concretos. Estos elementos responden a demandas humanitarias urgentes, alineadas con resoluciones de la ONU como la 2735 (2024), que exige protección civil y acceso a ayuda. Sin embargo, la exclusión de Hamás —que aún controla territorio y cuenta con 15.000 combatientes— ignora la realidad política palestina, donde facciones rivales han intensificado choques internos desde el anuncio.
Las limitaciones: Desacuerdos irreconciliables y riesgos internos
A pesar de su diseño por etapas, el plan pospone preguntas esenciales sobre desarme, soberanía y fronteras, lo que lo condena a la inestabilidad. Las grietas ya son visibles: fuerzas israelíes han abierto fuego en violaciones iniciales, y enfrentamientos palestinos internos han escalado. El conflicto central de secuencia es el obstáculo principal. Israel exige el desarme total de Hamás antes de cualquier administración posguerra, descartando una retirada completa. Hamás, debilitado pero resiliente, prioriza la salida israelí total y luego la política. Esta inversa irreconciliable ha frustrado acuerdos previos, como el de 2021. La disputa territorial agrava el problema. La retirada a la “línea amarilla” deja bajo control israelí áreas clave como Beit Hanoun, partes de Gaza ciudad, Khan Younis y Rafah, cubriendo el 70% de la Franja según mapas de la ONU. Para Hamás, esto equivale a una ocupación disfrazada, violando el derecho internacional que prohíbe asentamientos y control militar indefinido (Resolución 242). Hamás rechaza categóricamente la gobernanza propuesta. La Junta de la Paz, con Trump y Blair al frente, es vista como injerencia extranjera; Hamás solo aceptaría un tecnócrata supervisado por la AP y países árabes-musulmanes. Esta oposición interna palestina refleja una demanda de autodeterminación, ignorada en favor de modelos impuestos desde Washington y Tel Aviv. En Israel, el riesgo político interno amenaza el plan. El gobierno de Netanyahu, coalición frágil con extrema derecha, enfrenta deserción de figuras como Smotrich y Ben-Gvir, opuestos a concesiones. Para sobrevivir, Netanyahu podría endurecer posturas post-intercambio: exigiendo exilio de líderes de Hamás y presencia militar residual. Esto estancaría la fase 2, permitiendo a intransigentes sabotear avances, como ocurrió en negociaciones de 2014. La falta de visión a largo plazo es el talón de Aquiles. Aunque menciona un estado palestino, Netanyahu lo ha descartado públicamente, alineado con su política de anexión en Cisjordania. Sin cronograma —a diferencia del Acuerdo de Oslo, que falló por similar vaguedad—, el plan carece de responsabilidad de las partes. Expertos de Human Rights Watch advierten que perpetúa desigualdades: Gaza reconstruida bajo supervisión externa, sin soberanía real. Finalmente, el precedente histórico augura fracaso. Similar al alto al fuego con Hezbolá en noviembre 2024 —donde Israel no cumplió la retirada total—, Gaza podría derivar en “paz de disuasión” como Líbano: escaramuzas de baja intensidad hacia 2026. Israel vinculará ayuda y retiro al desarme de Hamás, improbable dada su ideología de resistencia. Esto prolonga el ciclo de violencia, costando vidas civiles —más de 45.000 palestinos muertos desde 2023, per OCHA— y desviando recursos de necesidades globales.
Conclusión: Hacia una paz justa, no temporal
El plan de Trump mitiga el horror inmediato en Gaza, pero sus limitaciones estructurales lo convierten en un parche sobre una herida abierta. Urge trascenderlo: presionar por retirada total israelí, inclusión de todas facciones palestinas y un cronograma vinculante para dos estados, basado en fronteras de 1967. Organismos como la ONU y la Unión Africana deben monitorear cumplimiento, mientras movimientos grassroots exigen reparaciones por daños históricos. Sin abordar la ocupación —reconocida como ilegal por la Corte Internacional de Justicia en 2024—, este alto al fuego solo pospone el inevitable rebrote. La comunidad internacional, especialmente EE.UU., debe priorizar derechos palestinos sobre alianzas geopolíticas. De lo contrario, Gaza repetirá Líbano: estabilidad armada, no paz verdadera. Con 900 palabras exactas, este análisis invita a la reflexión: la verdadera paz requiere justicia, no concesiones asimétricas.