Por larespuestacl 
El 27 de octubre de 2025, el Ejecutivo chileno presentó un ambicioso proyecto de ley ante la Cámara que promete fortalecer el rol fiscalizador de la Contraloría. Esta iniciativa llega en respuesta a la solicitud de la contralora, Dorothy Pérez, quien en mayo pidió al Senado mayores atribuciones para llevar a cabo su labor de manera más efectiva.
Los alcances de la propuesta son significativos. En un momento donde la transparencia y la rendición de cuentas se vuelve cada vez más crucial en la administración pública, este proyecto pretende robustecer la capacidad de la Contraloría para supervisar y fiscalizar el uso de recursos públicos. La ciudadanía, que ha manifestado su interés en una gestión más eficiente y responsable, podría ver un cambio drástico en la forma en que se administran los fondos estatales.
Las críticas y los elogios no se han hecho esperar; algunos ven la medida como un paso audaz hacia una mayor fiscalización estatal, mientras que otros temen que otorgar más poderes a una entidad pueda generar problemas de excesiva burocracia. Sin embargo, lo cierto es que la Contraloría, bajo el liderazgo de Pérez, ha tenido un protagonismo creciente en el escenario político del país.
A medida que el debate avanza en el Congreso, la atención se centra en cuáles serán las consecuencias reales de esta reforma. Sin duda, se avecinan semanas intensas donde el Ejecutivo buscará persuadir a los legisladores para que la nueva ley sea aprobada y así fortalecer la institucionalidad fiscalizadora chilena.