Por larespuestacl 
El reciente incidente en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ha sacado a la luz un preocupante vínculo entre funcionarios de las Fuerzas Armadas y el tráfico de drogas. Un vuelo que partió de Iquique hacia Santiago reveló que integrantes de la FACh transportaban 4 kilogramos de estupefacientes. Este suceso se suma al arresto de siete oficiales del Ejército en Tarapacá hace dos semanas, lo que lleva a plantear serias cuestiones sobre la integridad dentro de estas instituciones.
A pesar de que la FACh ha sido cautelosa en proporcionar detalles, su comunicado confirma que se detectó un intento de traslado de una sustancia ilícita. La situación resalta un patrón preocupante: desde 2017, la justicia militar ha dictado 25 condenas relacionadas con delitos de drogas, todos involucrando a funcionarios de las Fuerzas Armadas. Es importante señalar que los encargos del Ministerio Público y las condenas de la justicia civil no están contemplados en este análisis.
Los datos de la justicia castrense indican que el 48% de las condenas es por porte o tenencia de drogas. Este fenómeno no es aislado; existen más casos en curso que serán revisados por la Corte Marcial. La reciente detención ha abierto un debate sobre si la justicia civil o militar debe intervenir. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, ha indicado que la indagatoria debería corresponder al Ministerio Público, pero la FACh sostiene que tiene la competencia en el caso.
La confusión sobre el manejo del caso es evidente. La fiscal ha solicitado los antecedentes a la FACh, pero la institución ha rechazado esta solicitud, complicando la investigación. Se desconoce la naturaleza del estupefaciente y si hay más individuos involucrados. Este contexto plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control interno en las Fuerzas Armadas y la necesidad de una revisión profunda de sus protocolos respecto al tráfico de drogas.