Por larespuestacl 
En una tensa sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, autoridades del sistema de justicia penal enfrentaron preguntas difíciles sobre la sorprendente liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano relacionado con el temido Tren de Aragua e imputado por el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. Este episodio ha desatado un fuerte remezón político y judicial, evidenciando las graves falencias administrativas que permitieron su liberación el pasado 10 de julio.
Asistieron a la sesión el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez. Sin embargo, la notable ausencia del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, fue recibida con críticas desde el Congreso. Gajardo calificó la situación como “gravísima”, asegurando que el gobierno está dispuesto a colaborar para investigar y corregir los errores del sistema, al tiempo que reconocía la confusión generada por múltiples resoluciones judiciales.
El fiscal Valencia también expresó que aún existen elementos inciertos sobre la liberación del imputado, subrayando la importancia de revisar los casos de imputados extranjeros para descartar el uso de identidades falsas. La preocupación se centra en el sistema de identificación mediante huellas, donde Araya, presidente de la comisión, señaló falencias profundas en el cruce de datos biométricos.
Araya evidenció que el sistema actual no permite un cruce efectivo de huellas, lo que pone en riesgo la seguridad pública. Además, fue cauteloso al criticar al Poder Judicial por su falta de coordinación con Gendarmería, indicando que la comunicación se limita a correos electrónicos, creando confusiones y enredos en las fechas de emisión de las resoluciones. Esta precariedad en el sistema fue catalogada como alarmante.
He aquí la gran pregunta: ¿por qué se permitió la excarcelación de un presunto sicario? El parlamentario exigió respuestas, dejando claro que el Poder Judicial debe esclarecer la situación a la brevedad.
La comisión ha decidido continuar sus indagatorias y convocar a más autoridades para determinar responsabilidades y establecer medidas que eviten la repetición de este tipo de incidentes, que inquietan profundamente la confianza en nuestro sistema de justicia penal.