Por larespuestacl 
Una de las situaciones que ha suscitado múltiples interrogantes es el rol del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el millonario convenio firmado entre la PDI y la ONG del siquiatra Alberto Larraín. Las investigaciones han llevado a los investigadores a indagar si Orrego gestionó la obtención de otros contratos para la fundación, especialmente en relación al polémico programa “Quédate”, que es objeto de una investigación liderada por el fiscal Patricio Cooper.
Según fuentes cercanas al caso, varios testigos han sido interrogados para establecer si Orrego actuó como intermediario o garante de ProCultura. En un informe de la Brigada Anticorrupción se incluye la declaración de Larraín, quien confirma que el gobernador realizó gestiones para respaldar la organización. Larraín afirmó que participó en mesas técnicas que contribuyeron al diseño de un plan de prevención del suicidio, el cual era fundamental en la agenda del gobernador.
El programa “Quédate” fue descrito por Larraín como el más ambicioso de Latinoamérica en su categoría. En encuentros previos a su aprobación, el siquiatra reveló que Orrego estuvo presente, manifestando su disposición a financiar esfuerzos conjuntos entre distintas ONG, aunque estas mostraron resistencia al no contar con los recursos y equipos necesarios.
A pesar de la aparente colaboración, Larraín insistió en que Orrego no fue crucial para el acceso a más de $1.600 millones en recursos fiscales. “Su interés era que el proyecto se ejecutara, sin importar la fundación involucrada”, expresó. Sin embargo, nuevos hallazgos han llevado a los investigadores a revisar un mensaje en Telegram donde Orrego aconseja a Larraín sobre posibles complicaciones relacionadas con el caso.
La situación se torna aún más compleja, ya que Larraín declaró no recordar dicho mensaje, argumentando no haber usado Telegram habitualmente. La interconexión de estos hechos deja entrever la posibilidad de conflictos de interés y reduce la claridad sobre el actuar de la autoridad.