La Corte de Apelaciones de Antofagasta dio un giro inesperado en el caso ProCultura al acoger el recurso de amparo presentado por la psiquiatra Josefina Huneeus Lagos, exesposa de Alberto Larraín. La decisión del tribunal declaró ilegales las intervenciones intrusivas ordenadas por el fiscal regional Patricio Cooper, que lidera la indagatoria por esta compleja arista del Caso Convenios.
El 8 de mayo saltó la alarma cuando se reveló que la Policía de Investigaciones (PDI), bajo instrucción de Cooper, había grabado una conversación entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric. La ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, subrayó que Huneeus fue la psiquiatra del Presidente en 2018, cuando Boric era diputado, momento en que se conoció públicamente su trastorno obsesivo-compulsivo.
Lo más sorprendente es que, aunque inicialmente Huneeus no estaba en la lista de sospechosos, su número de teléfono fue incluido como ‘asociado’ a Larraín, a pesar de que este celular ha estado a su nombre durante casi dos décadas. La defensa de Huneeus, representada por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann, argumentó que su cliente no era parte de la investigación y que la intervención telefónica carecía de fundamentos legales.
La Corte afirmó que las explicaciones del Ministerio Público no solo eran inconsistentes, sino que menospreciaban la capacidad de discernimiento del ciudadano promedio. Además, se destacó la falta de fundamentación lógica en las acciones del fiscal Cooper y la alarmante ceguera de la jueza de garantía, quien accedió a las solicitudes de manera casi automática.
En vista de estas irregularidades, el tribunal no dudó en calificar la actuación del fiscal y de la policía como ilegal y arbitraria, lo que plantea serios interrogantes sobre las garantías y derechos de los ciudadanos, a casi 25 años de la implementación del sistema penal que rige actualmente en Chile.