El futuro de la megatoma en el cerro Centinela de San Antonio sigue en el aire. A solo cuatro días de que venza el plazo judicial para su desalojo, los 11 mil residentes de más de 250 hectáreas de terreno continúan a la espera de un acuerdo entre el Gobierno y los propietarios de las tierras.
En febrero, el desalojo había sido aplazado por seis meses gracias a un entendimiento inicial que buscaba fijar la tasación del predio, mientras el Ministerio de Vivienda (Minvu) apostaba por las cooperativas habitacionales como una alternativa para acceder a la propiedad. Sin embargo, las negociaciones semanales en el Minvu han tropezado y la opción de las cooperativas pierde fuerza.
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, ha manifestado su descontento ante la falta de avances: “La aprehensión nuestra es que el 27 de agosto vence el plazo para que la mesa instalada en el Minvu entregue luces de un posible acuerdo”.
Uno de los principales desafíos es garantizar el financiamiento para estas cooperativas. Los propietarios exigen un compromiso claro del Banco Estado como respaldo del crédito, un requisito señalado como indispensable. Mientras tanto, el Minvu asegura estar en contacto con dicha entidad y otra que podría actuar como garante, aunque hasta ahora no se tiene un acuerdo firme ante eventuales incumplimientos.
Si no se logra un consenso antes del plazo, los propietarios podrían requerir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que lleve a cabo la orden de desalojo, lo que generaría una nueva ronda de coordinación con el Ministerio de Seguridad y los municipios involucrados.
Este desalojo ha sido postergado anteriormente: en noviembre de 2024 y en enero de este año, lo que deja entrever la complejidad de la situación y la necesidad urgente de una solución viable.