Por larespuestacl 
En un nuevo mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte reafirmó la postura de su Gobierno frente a las protestas sociales que han marcado la agenda política en el Perú. Afirmó que su administración está trabajando para atender las necesidades de todas las regiones mediante diversas obras, instando a la población a evitar las manifestaciones. “No hay razón para bloquear carreteras como antaño, ni para salir masivamente a las calles a generar caos”, expresó Boluarte.
Sin embargo, sus declaraciones suscitan cuestionamientos, ya que reflejan un aparente desconocimiento de la dura realidad que enfrenta el país, con más de 2.000 obras paralizadas a nivel nacional hasta junio de 2025, según un informe de la Contraloría.
En su discurso, Boluarte también destacó la estabilidad económica del Perú, atribuyéndola al trabajo del Banco Central de Reserva (BCR). Sin embargo, Concluyó que el éxito de la economía se debe al esfuerzo de los peruanos, señalando: “El peruano ya aprendió que trabajando y poniéndole punche, todos salimos ganando, la patria gana”.
A pesar de su optimismo, las protestas contra su administración continúan siendo una constante en diversas regiones. Éstas reflejan el descontento por la represión de manifestaciones previas, la crisis energética y la falta de justicia para las víctimas de las protestas ocurridas en 2022 y 2023.
Durante julio de 2025, las movilizaciones alcanzaron su punto máximo, con significativas concentraciones en Lima y otras provincias. Delegaciones de regiones como Puno, Ayacucho y Cusco llegaron a la capital exigiendo justicia por las muertes ocurridas previamente. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de vías y marchas hacia el Congreso, mientras que en Iquitos, miles protestaron en contra de la crisis energética durante la visita de Boluarte.
Los manifestantes criticaron la falta de atención a sus demandas y exigieron soluciones inmediatas. Aunque Boluarte se mostró dispuesta a abordar los problemas, instó a la población a no dejarse manipular políticamente, deslegitimando sus justos reclamos. Este extremo malestar social pone de relieve la necesidad de cambios profundos en la gestión de Boluarte y una rendición de cuentas para las víctimas de la represión, mientras las obras siguen sin avanzar.