El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha tomado la drástica decisión de declarar el estado de excepción en siete provincias del país, debido a las intensas protestas y paros impulsados por los transportistas en contra del final del subsidio al diésel. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, fue clara al afirmar que “la violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados”, aunque dijo que se respeta el derecho a la protesta pacífica.
Actualmente, las provincias afectadas incluyen Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. El decreto limita derechos como el de reunión, aunque el de circulación sigue vigente. En respuesta a la situación, las Fuerzas Armadas serán desplegadas en puntos estratégicos para patrullar y prevenir actos violentos.
El presidente Noboa justificó la eliminación del subsidio al argumentar que este representaba una carga significativa para las finanzas públicas y asegurando que muchos fondos eran desviados hacia el contrabando y minería ilegal. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha criticado estas acciones, tildándolas de un “paquetazo neoliberal” que afectará especialmente a los sectores más vulnerables.
Como parte de su plan, el gobierno ha anunciado medidas de apoyo, que incluyen un bono para 55,000 nuevas familias, devolución del IVA a personas mayores y compensaciones económicas para transportistas públicos que oscilarán entre 400 y 1,000 dólares al mes.