Amplias repercusiones generó la libertad condicional otorgada esta semana a Mauricio Ortega, individuo condenado por la brutal agresión y mutilación de Nabila Rifo, un caso emblemático de violencia de género en Chile. La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique decidió permitir que Ortega dejara la Cárcel de Puerto Aysén, donde había cumplido la mitad de su condena.
El escalofriante incidente tuvo lugar en mayo de 2016 en Coyhaique, cuando tras una discusión, Ortega agredió a su expareja con piedras, dejándola inconsciente y mutilándola, al arrancarle los globos oculares. Posteriormente, la abandonó en la vía pública. Inicialmente, fue condenado a 26 años de prisión por femicidio frustrado, pero la Corte Suprema rebajó su sentencia a 18 años y modificó la tipificación del delito, dejando solamente lesiones graves.
A pesar de un informe psicosocial enviado por Gendarmería que consideraba “desfavorable” su libertad, alertando sobre su comportamiento procriminal, distorsiones y un diagnóstico de trastorno narcisista, la Comisión decidió otorgarle el beneficio. Argumentaron que Ortega había cumplido con los requisitos técnicos para acceder a la libertad, señalando que completó la mitad de su condena y mostró una conducta intachable en prisión.
Sin embargo, la noticia no fue bien recibida. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que el Gobierno apelará para revertir esta decisión que ha generado un fuerte rechazo en variados sectores de la sociedad. La controversia destaca una vez más la complejidad del sistema judicial y su relación con la violencia de género en el país.