La reciente decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de remover al fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura ha desatado un aluvión de críticas dentro del Ministerio Público, especialmente entre los fiscales adjuntos. Esta controversia se produce después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta emitiera un fallo desfavorable con respecto al manejo de la causa, que afectó directamente a la testigo Josefina Huneeus, cuyo teléfono fue intervenido por la PDI.
Varios fiscales han expresado su desacuerdo en privado, argumentando que debió esperarse una resolución de la Corte Suprema antes de tomar tal decisión. Uno de ellos comentó que “nadie critica la facultad del FN de sacar a un fiscal de una causa, pero lo lógico sería esperar a que hubiera una decisión firme”. Otro fiscal expresó la preocupación de que la reacción ante el fallo de la corte podría desincentivar a otros fiscales, señalando que “lo que se espera es que la institución nos apoye”.
A pesar del descontento, las críticas se centran todavía más en la Asociación Nacional de Fiscales, que hasta ahora ha mantenido silencio sobre el tema. Algunos fiscales han indicado que, aunque los fiscales regionales como Cooper no pertenecen a dicha asociación, esta debería manifestar una postura respecto a un asunto que afecta al plan de trabajo y protección institucional de todos los fiscales.
La falta de una respuesta clara de la Asociación ha dejado a muchos en un estado de orfandad ante decisiones como la que se ha tomado, lo que sin duda plantea serias preguntas sobre la cohesión y el apoyo dentro del sistema de justicia chileno.