Por larespuestacl 
El Juzgado de Garantía de Coyhaique ha decidido imponer una medida cautelar de arraigo nacional al suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien enfrenta serias acusaciones por revelación de secretos. La formalización de Palma ha levantado una ola de controversia, especialmente en el contexto de la investigación sobre tráfico de drogas en la región.
En una audiencia reciente, el magistrado Carlos Astudillo determinó que la medida cautelar era adecuada y acorde a los objetivos del procedimiento, fijando un plazo de investigación de 120 días. La Fiscalía sostiene que Palma, el 20 de octubre de 2022, tuvo conocimiento de una audiencia telemática sobre delitos de drogas, pero no se limitó a observar. En cambio, supuestamente filtró información reservada sobre el decomiso de más de 19 kilos de cocaína a un abogado externo, Luis Hermosilla, a través de WhatsApp.
Además, se alega que Palma envió una grabación telefónica, que se encontraba bajo reserva judicial, advirtiendo al abogado sobre la confidencialidad del material compartido. La Fiscalía ha calificado estos hechos como un delito de revelación de secretos, según lo estipulado en la Ley N°20.000.
La defensa, representada por el abogado Cristián Cajas, ha insistido en la inocencia de Palma, argumentando que la investigación por tráfico de drogas continuó sin inconvenientes y que la conducta de su cliente no tuvo repercusiones en la administración de justicia.
No obstante, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, mantiene que sí se ha configurado un delito, respaldando su posición con sentencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y la Corte Suprema, que refuerzan la existencia de elementos suficientes para la acusación. Este caso continúa desarrollándose y genera una gran atención a medida que la investigación avanza.