La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar todos los contratos restantes con Harvard, que ascienden a aproximadamente 100 millones de dólares, marca un momento crucial en la relación entre la administración Trump y una de las instituciones académicas más prestigiosas y antiguas del país. Este movimiento, que se ha calificado de intento de supervisión sin precedentes, está destinado a romper los lazos comerciales que han existido entre ambas partes.
Un alto cargo de la administración anunció que se enviaría una carta a las agencias federales solicitando la identificación de contratos con Harvard para su eventual cancelación o redirección. La medida se produce en medio de acusaciones de que Harvard ha facilitado el antisemitismo y ha fomentado valores considerados liberales, lo que ha generado un intenso debate sobre la libertad académica y la intervención del gobierno en la educación superior.
Harvard, por su parte, no ha accedido a permitir que el gobierno controle su proceso de inscripción de estudiantes ni la contratación de personal académico. Esta negativa ha resultado en la congelación de miles de millones de dólares en subvenciones que la universidad recibe, provocando una crisis financiera al tiempo que se ponen en peligro el futuro de estudiantes internacionales que dependen de su estatus en la institución.
El presidente Trump ha intensificado sus ataques, señalando en redes sociales que ciertos estudiantes extranjeros en Harvard son “lunáticos radicalizados, alborotadores”. Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha tomado medidas para revocar la capacidad de Harvard de matricular a estudiantes internacionales, un flujo de ingresos vital que la universidad no puede permitirse perder. En resumen, este tira y afloja entre Harvard y la administración Trump podría tener repercusiones duraderas en la dinámica de la educación superior en Estados Unidos.