Por larespuestacl 
La Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile ha encendido la polémica al atacar a la contralora general, Dorothy Pérez, en medio de un escándalo que involucra a más de 25 mil empleados públicos. Según sus acusaciones, muchos de estos funcionarios habrían incumplido reposos médicos mientras viajaban al extranjero, lo que ha generado un debate ferviente sobre la responsabilidad y el control en el sector público.
La crítica se centra en la supuesta negligencia de Pérez en la supervisión de estos casos, así como en alegaciones de motivaciones políticas detrás de su gestión. La Federación ha exigido una investigación exhaustiva sobre su desempeño, cuestionando si es apta para ocupar el cargo que, en teoría, debería velar por la transparencia y la ética en el uso de recursos públicos.
Este tipo de situaciones no son nuevas en el entramado administrativo de Chile, pero el impacto de este escándalo podría desatar repercusiones significativas no solo dentro de la Contraloría, sino también en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. Las exigencias para una revisión detallada del actuar de la Contralora se intensifican, dejando en el aire interrogantes sobre la eficacia de su gestión.
A medida que avanza esta historia, será crucial observar cómo responden tanto la Contraloría como el gobierno ante estas acusaciones y cuál será la suerte de aquellos empleados públicos involucrados en este escándalo. La presión está en aumento y la opinión pública está atenta a cada movimiento.