Por larespuestacl 
El diputado Joaquín Lavín León, exmiembro de la UDI, se encuentra en el ojo del huracán tras una querella realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La gravedad de los hechos ha llevado al CDE a solicitar que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se sume a la causa, considerando la posibilidad de delitos tributarios.
Según la querella, Lavín habría presentado facturas falsas y gastos inflados sin justificación durante su campaña parlamentaria. Él y su exasesor, Arnaldo Domínguez, supuestamente utilizaron empresas como MMG SpA y Modo 74 SpA para fingir la realización de servicios informáticos que nunca se llevaron a cabo. Un hecho alarmante incluye el registro de 151 facturas, que suman más de $75 millones, asociadas al mantenimiento de una página web que se encuentra inactiva desde 2022.
Esta situación ha llevado al CDE a solicitar la prisión preventiva del diputado, ya que considera que la gravedad de los hechos demanda tal medida. Además, la Fiscalía Oriente está evaluando la posibilidad de solicitar su desafuero, lo que facilitaría la formulación de cargos en su contra.
Complicando aún más la situación del parlamentario, la secretaria de Lavín, Aída Olivares, ha declarado que él continuó presentando facturas falsas incluso después de cesar la utilización de los servicios supuestamente contratados. Ante estos hechos, el CDE manifiesta que Lavín estaba plenamente consciente de las maniobras ilegales que se estaban llevando a cabo y que él mismo instruyó y consintió dichas operaciones.