Por larespuestacl 
El caso Procultura se ha convertido en una de las aristas más sorprendentes del infame caso Convenios, comenzando con las irregularidades en las transferencias de la Fundación Democracia Viva en junio de 2023. Desde entonces, más de 50 fundaciones han sido objeto de investigación, destacándose Procultura por la magnitud de los actores gubernamentales implicados.
Fundada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, Procultura se describe como una fundación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la cultura y el bienestar social. Sin embargo, su crecimiento ha sido meteórico, pasando de recibir menos de $320 millones en 2021 a más de $3 mil millones en 2022. En la actualidad, enfrenta indagación por un presunto fraude al fisco por convenios que ascienden a cerca de 6 mil millones de pesos.
Entre los investigados destaca Miguel Crispi, exsubsecretario de Desarrollo Regional, quien ya ha declarado en el proceso, así como varios gobernadores que han suscrito convenios con la fundación, presentando gastos poco claros. La situación se ha tornado especialmente crítica para el gobernador Claudio Orrego de la Región Metropolitana, quien firmó un acuerdo por más de $1.6 mil millones para un proyecto que sólo rindió $600 millones efectivos.
La controversia no queda ahí; la UDI ha presentado querellas por malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, tuvo que reemplazar al fiscal regional de Aysén debido a la controversia creada por filtraciones de los chats de su equipo, reforzando la sensación de que el caso Procultura no es solo un escándalo, sino un reflejo de problemas más grandes dentro de la política chilena.