En un giro controversial, el presidente argentino Javier Milei ha decretado que la Policía Federal Argentina (PFA) podrá detener y espiar a individuos sin la necesidad de contar con una orden judicial. La medida, anunciada la semana pasada, llega como parte de su reforma a la policía, que pretende asemejarla a modelos como el estadounidense.
Este nuevo enfoque, que Milei describe como “al estilo FBI”, busca convertir a la PFA en una fuerza principalmente dedicada a la investigación criminal. Sin embargo, este decreto ha sido emitido directamente desde el poder Ejecutivo, evitando cualquier tipo de debate en el parlamento, lo que ha generado alarma en organizaciones de derechos humanos que cuestionan su legalidad.
Milei, desafiando las críticas, aseguró que la medida es completamente legal y sugirió que quienes tengan dudas se dirijan a la justicia. Este plan implica que la PFA, anteriormente enfocada en la prevención del delito en Buenos Aires, ahora se encargará de detectar e investigar delitos federales y complejos y asistir en la desarticulación de organizaciones criminales.
En consonancia con su visión, el mandatario ha establecido el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), diseñado para operar de manera similar al FBI. Este cuerpo tendrá el poder de detener a personas durante un máximo de diez horas sin autorización judicial, si existen sospechas razonables de actividad delictiva. Además, podrán llevar a cabo inspecciones a personas y vehículos cuando consideren que se ocultan pruebas de un crimen.
Las reformas propuestas por Milei prometen un cambio drástico en la estructura de la policía argentina y continúan generando un intenso debate sobre los derechos civiles y la legalidad de la actuación policial.